En la mañana de hoy, 30 de julio, unos 1500 docentes llegados de toda Andalucía se han concentrado ante la Consejería de Educación en protesta por la continuada escalada de privatización del servicio educativo, la pérdida constante de aulas públicas y contra las Instruccciones para el curso próximo que resta horas a las tutorías en beneficio de asignaturas de escaso contenido curricular como religión.

Desde el año 2011 casi 1500 aulas públicas han sido suprimidas en Andalucía. La enseñanza concertada, sin embargo, ha crecido ligeramente en número de éstas, lo cual en un contexto de fuerte descenso de la natalidad es particularmente relevante. Sólo en el curso 2018-19 se han suprimido un total de 487 aulas nada más que en el tramo de la Educación Infantil y Primaria en el conjunto de Andalucía.

USTEA, que apoya estas movilizaciones del profesorado, entiende que la defensa del servicio público educativo es ahora más necesaria que nunca, ante el blindaje sistemático de la educación concertada que vino a reforzar la LOMCE y la escasa voluntad política del gobierno andaluz, antes con el PSOE y ahora con el PP+Cs (con el apoyo de Vox) de frenar el deterioro del servicio educativo público frente al auge incesante de su privatización en las ciudades grandes y medias de Andalucía. El ámbito rural, en buena lógica mercantilista, no es de interés para la patronal de la enseñanza privada o concertada: No les renta.

Si bien todavía no conocemos el número de aulas públicas que se pueden suprimir, en el comienzo del próximo curso los datos que podemos inferir de la actual colocación de efectivos de primaria son alarmantes: Más de 500 profesionales de las distintas especialidades de primaria han sido suprimidos o desplazados. Esta causa ha provocado que para el próximo curso ocupen un destino provisional en principio previsto para el profesorado interino. Esto ha tenido una consecuencia devastadora para este colectivo: Profesorado interino que ocupaba vacante desde hace 8 y 10 años, no la han obtenido para el próximo curso.

También han contribuido a congelar la colocación de efectivos unas Instrucciones de Primaria que priman asignaturas como religión en detrimento de las estrictamente curriculares, pues el horario escolar es muy limitado y si se aumenta una materia es a costa de otra. La Consejería de Educación aduce un supuesto vacío legal originado por una sentencia del Tribunal Supremo que dejaría definitivamente anulada la Orden de 17 de marzo de 2015, la cual desarrolla el curriculum en la Educación Primaria, incluídas las cargas horarias de cada materia, también la de Religión. Dicha Orden fue recurrida por los obispos andaluces y una asociación de profesores de religión, pero el fallo del TSJA (23 de mayo de ese mismo año) no entra en el fondo del asunto, sino que la anula por defecto de forma: En su día no se cumplió con el trámite de audiencia pública previo a la publicación de la norma. Pero en definitiva, nadie obliga al Gobierno andaluz a aumentar el horario de la mencionada asignatura, es una decisión política que puede generar consecuencias devastadoras para la Enseñanza Pública. Y mucho menos a modificar sustancialmente el resto del currículum, con prisas y sin acuerdos.

La política educativa no puede afrontarse a golpe de mejores o peores ocurrencias del Consejero, como las Instrucciones que han modificado la organización curricular de Primaria o el Programa de Refuerzo Estival. Por ello, USTEA  ha recurrido y solicitado del TSJA la suspensión cautelar de las mismas (https://pruebas-educacion.ustea.org/ustea-solicita-en-la-justicia-la-suspension-cautelar-de-las-instrucciones-de-primaria/).

Por último,  el incremento habitual de las ratios máximas establecidas, también tiene efectos sobre el cierre de unidades, lo cual contradice explícitamente  lo dispuesto en la Ley 4/2019, de 17 de marzo, que viene a derogar en parte el RD 14/2012 (conocido como el de los recortes educativos de Rajoy), concretamente en lo que respecta a la ratio máxima, que fija en 25 y que  sólo se puede superar en primaria por causas extraordinarias o sobrevenidas (por ejemplo una incorporación de alumnado una vez comenzado el curso). Por tanto aplicarla ordinariamente en la planificación educativa que hace la Administración es manifiestamente ilegal y animamos a denunciar las ratios que sobrepasan la máxima establecida.

Todas estas causas han provocado un nuevo desaguisado en la resolución provisional de la colocación de efectivos de primaria.  En suma, un nuevo atentado al servicio educativo público que sólo podemos revertir de una única manera: Defendiendo con uñas y dientes la escuela pública contra las políticas privatizadoras que año tras año la socavan.

Andalucía, 30 de julio de 2019