USTEA, a la espera del pronunciamiento del TSJA sobre el recurso contencioso-administrativo respecto a ratios ilegales,  hace un balance del curso que ahora termina y estima como muy grave que la Consejería de Educación tampoco contemple bajar las ratios máximas durante el próximo. Quizás la Consejería de Educación y Deporte desconozca que estamos en una situación de alerta sanitaria.

En el mes de enero USTEA anunciaba en su web (https://pruebas-educacion.ustea.org/ustea-demanda-a-la-consejeria-de-educacion-por-incumplimiento-generalizado-de-la-ratio-maxima/) que el día 22 había iniciado la interposición de contencioso ante la falta de respuesta de la Consejería de Educación al requerimiento que se le hizo al inicio del curso escolar que ahora termina, respecto al masivo incumplimiento de las ratios máximas establecidas. La Consejería, si bien había contestado a dicha requerimiento, en modo alguno proporcionaba la información solicitada sobre los Centros y Unidades donde se estaba incumpliendo la ratio máxima, no haciendo el menor comentario; ni tan siquiera sobre el motivo de por qué se estaba incumpliendo la legalidad en 215 centros educativos y 718 aulas, detectados hasta entonces por USTEA (finales de septiembre, apenas un mes desde el inicio de curso, por lo que suponemos que el dato real sería el doble o el triple); y por supuesto, mucho menos pensaba reponer la legalidad donde se estuviera vulnerando.

Sin embargo durante el curso anterior la Consejería de Educación suprimió más de 400 aulas públicas de educación infantil y primaria, al tiempo que aprobaba unas instrucciones que aumentaban las horas destinadas a las enseñanzas de religión y que dejaron sin su puesto de trabajo a cientos de maestras y maestros interinos con muchos años de experiencia. Según los cálculos de USTEA, el cumplimiento de la normativa sobre ratios habría supuesto la creación de aproximadamente una unidad por cada dos de las que superan la ratio. O sea, cumplir la legalidad hubiera amortiguado el cierre de aulas a la mitad.

Además queremos poner de manifiesto que esta situación de masificación y la falta de atención educativa específica o especializada motivó las protestas de padres, madres, alumnado y profesorado en distintos puntos de la geografía andaluza a lo largo de los últimos cursos escolares.

Por todo ello USTEA decidió iniciar la vía judicial contra la administración educativa andaluza, mediante la interposición del citado contencioso administrativo, como una vía paralela a la movilización, con el fin de revertir esta situación de flagrante injusticia que padece la educación pública andaluza y, en consecuencia, sus trabajadoras y trabajadores, así como las personas usuarias. Este recurso está a la espera de resolución por la sala correspondiente del TSJA. Creemos que es fundamental poner en marcha todas las medidas necesarias que vayan encaminadas a imponer a la Consejería el cumplimiento de la Ley, como otro freno al desmantelamiento del sistema educativo público en el que parece empeñada.

Entendiendo que la determinación del número de alumnado máximo por aula, o ratio, es una cuestión que afecta al régimen de prestación del servicio de enseñanza, y en suma bajar ratio incrementa la calidad del servicio. El sindicato, pues, ha defendido siempre la bajada de la ratio como medida pedagógica, pero en el contexto de epidemia en que estamos sumidos es, además, una medida sanitaria imprescindible.

USTEA denuncia públicamente que, por los datos que vamos conociendo referidos a la escolarización del próximo curso, la Consejería de Educación no tiene la menor intención de rebajar las ratios máximas para atender las recomendaciones del Ministerio de Educación, sino que además piensa de nuevo incumplir las ratios máximas legales, lo cual en un contexto de pandemia es una absoluta irresponsabilidad, además de una flagrante ilegalidad que puede tener consecuencias desastrosas en la salud pública y con toda seguridad va a tener consecuencias demoledoras al provocar una nueva sangría de unidades en el sistema educativo público, muchas de ellas perfectamente evitables cumpliendo simplemente la ratio máxima que marca la normativa.

La Consejería de Educación no está actuando, lo cual no es ninguna novedad, a la altura de las circunstancias, y pareciera no ser consciente del riesgo para la salud al que enfrenta a alumnado, docentes y trabajadores en general de los centros educativos. Exigimos, por tanto, medidas imprescindibles:  entre otras, una bajada de la ratio, por motivos no sólo pedagógicos sino de salud; un incremento de la inversión educativa y en las plantillas docentes, y que esos medios se destinen a la educación pública; unas exquisitas condiciones de seguridad laboral para trabajadores, trabajadoras y alumnado; y además, exigimos, como no puede ser de otra manera, el cumplimiento exquisito de la legalidad vigente en materia de ratios en las aulas andaluzas. No cumplir la legalidad es bastante irresponsable por quien tiene la obligación de hacerlo, pero saltársela a la torera en medio de una pandemia sanitaria rayaría, en nuestra opinión, la prevaricación administrativa, si no la incompetencia.

Andalucía, 29 de junio de 2020