Tal y como anunció el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, el pasado viernes, hoy lunes la Junta de Andalucía ha aprobado el nuevo decreto de escolarización, al que USTEA muestra su más rotundo rechazo por considerarlo un ataque directo y sin tapujos a la educación pública y al papel del sistema educativo en la cohesión social.

Son numerosas las declaraciones de las y los máximos responsables de la Consejería de Educación, como también las palabras del propio Bendodo, en las que se asegura que las modificaciones que introduce este nuevo decreto propiciarán la mal llamada “libertad de elección de centro de los padres” o, como aseguró Javier Imbroda en una entrevista realizada al diario ABC, el nuevo decreto establece “la posibilidad de que los padres puedan optar a un colegio concertado aunque no lo tengan en su zona”. Desde USTEA entendemos, por tanto, que esta nueva legislación sobre la escolarización del alumnado andaluz es un ataque frontal y sin tapujos a la educación pública de nuestra comunidad, con la única intención de seguir profundizando en la senda, ya ampliamente transitada con el anterior gobierno, de la privatización a través de la financiación con fondos públicos de la enseñanza privada. 

Este Decreto establece, entre otras cuestiones, que “las áreas de influencia se configurarán de forma que las familias tengan la máxima puntuación por el criterio de proximidad al centro del domicilio familiar o del lugar de trabajo en, al menos, un centro de cada tipo”, lo que implica un aumento de facto de las zonas de influencia de los centros privados – concertados. Además, se pierde una excelente oportunidad para la reducción de la ratio en nuestras aulas, un factor imprescindible para la mejora de la calidad de la educación, lo cual no resulta extraño si tenemos en cuenta que la Administración educativa incumple sistemáticamente por exceso las actuales, como este sindicato viene denunciando desde inicio de curso. Por otro lado, en el caso del alumnado con Necesidades Específicas de A poyo Educativo la consejería determinará aquellos centros que dispongan de recursos específicos para la escolarización de este alumnado, en lugar de dotar de esos recursos a los centros donde éste alumnado le corresponda matricularse, lo que supone atentar contra la igualdad de oportunidades en el derecho a la educación y la creación de guetos educativos, anteponiendo criterios de eficiencia económica. 

Se hace preciso señalar que no se puede considerar como un derecho universal o derecho fundamental a la educación lo que no es más que una preferencia individual. Así lo recoge en una sentencia el propio Tribunal Constitucional, en la que se asegura que “el derecho a la educación -a la educación gratuita en la enseñanza básica- no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionalmente, allá donde vayan las preferencias individuales”.

USTEA quiere insistir en que los estudios internacionales concluyen que las políticas de libre elección de centro incrementan la segregación del alumnado en función de su origen y clase social y acelera la estratificación social de las escuelas y las diferencias de calidad entre ellas. La propia OCDE advierte, en su informe sobre Equidad y Calidad en la educación, de los peligros que conlleva la libertad de elección de centros ya que “contribuye a la segregación de estudiantes según capacidades y antecedentes socioeconómicos, y genera mayores desigualdades educativas”. El incremento de la tasa de segregación escolar en las comunidades en las que se han llevado a cabo políticas en esta dirección, como ha sucedido en la Comunidad de Madrid, son un claro ejemplo de estas consecuencias negativas para la cohesión social, desvirtuando y desfigurando lo que debería de ser una de las esencias del sistema educativo público.

Además, como organización sindical denunciamos que estas políticas encaminadas a favorecer a los centros privados, subvencionados con fondos públicos, conllevarán un aumento de la precariedad laboral del sector docente, además de menores garantías de libertad de cátedra ya que solo una educación pública, con un profesorado amparado bajo la figura del funcionariado, puede garantizar la independencia del mismo y así prevenir el adoctrinamiento.

Por otro lado, queremos pedir una rectificación pública al señor consejero por su afirmación acerca de que “la enseñanza pública debe dejar de mirar de reojo a la concertada y preocuparse mucho más de cómo mejorar”. Desde USTEA valoramos estas declaraciones como un desprecio  hacia la labor y la profesionalidad de las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza pública y consideramos inadmisible que el mayor responsable del sistema público de educación en Andalucía y principal responsable, por tanto, de su mejora, esté al mismo tiempo sembrando la duda sobre la escuela pública frente a la concertada y aprobando nueva legislación en claro beneficio de esta última. Nos preocupa enormemente que el máximo responsable de la escuela de todos y todas instrumentalice de manera descarada y tendenciosa los medios oficiales de comunicación web de la Consejería de Educación para, sin tapujos, vilipendiar a la educación pública sembrando dudas sobre su efectividad con un claro sesgo pro-concertada en estos comienzos de la campaña de matriculación y que esté más preocupado por responder a intereses privados y particulares que por el bien común del conjunto de la sociedad andaluza.

Por todo ello, desde USTEA decimos sin complejo alguno, alto claro y de frente, que mostramos nuestro más profundo rechazo a este nuevo decreto y anunciamos que llamaremos a la comunidad educativa y al conjunto de la sociedad a defender la educación pública mediante movilizaciones que exijan la retirada de estas medidas.

Andalucía, 17 de febrero de 2020