USTEA ha denunciado ante la Inspección de Trabajo en Sevilla que la Junta de Andalucía ha impedido que este año se pueda emitir dicho certificado por parte los profesionales de atención primaria del SAS, sin ofrecer alternativa alguna al profesorado interino que se ha visto obligado a acudir a la Sanidad Privada para obtener el certificado, con el consiguiente desembolso económico que ello supone.

La Consejería de Educación establece, como requisito al personal interino para poder trabajar, la presentación de un informe médico que asegure que no existe incapacitación para la docencia (modelo P10). Hasta este curso 2021/2022 se ha emitido siempre el certificado P10 por los profesionales de atención primaria del SAS.

Según el art. 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: “El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo”. De manera que es responsabilidad del empresario la vigilancia del estado de salud de la persona trabajadora. Aplicando este artículo sería contrario a esta normativa la actuación que lleva a cabo la Junta de Andalucía, consistente en requerir a los docentes interinos que acudan a clínicas privadas para que puedan aportar el documento P-10 o certificado médico.