Ley 3/2021, de 26 de julio, de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado.

USTEA tiene como una de sus señas de identidad la defensa de las trabajadoras y trabajadores de la Enseñanza Pública de Andalucía, así como la exigencia de unas condiciones dignas de trabajo y el reconocimiento de la labor que desempeñan, no solo ante el conjunto de la sociedad sino específicamente ante la Administración educativa, primera responsable de su garantía.

A pesar de compartir buena parte de la motivación de la ley de reconocimiento de autoridad del profesorado, USTEA se ve obligada a rechazarla por considerarlo un documento inoperante y vacuo, que no aporta ningún elemento de interés para el objeto de la norma, ya que no pasa de ser una declaración de buenas intenciones harto repetidas en la legislación educativa vigente, que nunca terminan de concretarse en medidas efectivas y eficaces para la consecución de aquellos logros que dicen perseguir, a saber, el prestigio y el reconocimiento de la profesión docente, la garantía de ejercerla en unas condiciones óptimas y la seguridad de poder hacerlo con el respaldo de la Administración Pública ante posibles conflictos, amenazas o agresiones de cualquier tipo.

El manoseado concepto de autoridad pública (aunque no tanto, o dicho finamente “iuris tantum”) del profesorado en el ejercicio de sus funciones, el reconocimiento y la consideración de la labor docente, la asistencia jurídica y/o psicológica, el deber de colaboración del resto de la comunidad educativa u otras medidas de protección y consideración, ya están reconocidas en la LOE-LOMCE, en el EBEP, en la LEA y otras normativas de desarrollo. Incluso se ha legislado sobre la obligatoriedad de los Planes de Convivencia en el art. 127.1 de la LEA y el Decreto 19/2007, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos. 

Pero el resultado es el que nos trae hasta aquí: un profesorado cuya labor está poco reconocida y menos prestigiada, víctima de agresiones con una frecuencia creciente, mal remunerado, con una formación inicial y permanente con bastantes lagunas, que en muchas ocasiones desarrolla su trabajo en condiciones lamentables, en centros que no reúnen los mínimos requisitos ni cuentan con los recursos necesarios para la actividad que desarrollan y atendiendo a una población de cuyos intereses y necesidades no podemos ocuparnos solo en los centros educativos.

Y seguimos esperando a que de una vez por todas se tomen en serio sus propias palabras y pongan los medios necesarios para conseguir una educación pública de calidad, gratuita y universal, que aborde el problema de la conflictividad en los centros atacando de raíz los motivos que la sustentan y no otorgando tratamiento de causa a lo que es una consecuencia, la autoridad o su hipotética pérdida o menoscabo.