Tal y como se refleja en la exposición de motivos de la proposición de ley para el alumnado NEAE presentada hoy en el Parlamento Andaluz, son muchos los preceptos legales que establecen y dan importancia a la inclusión educativa y a la atención a la diversidad. Desde el estatuto de autonomía, que señala claramente en su artículo 21.10. que “todas las personas con necesidades educativas especiales tendrán derecho a su efectiva integración en el sistema educativo general”.

Además, la propia Ley de Educación de Andalucía, e incluso la Constitución Española o la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas se pronuncian en este sentido. En cualquier caso, no sería necesario que estuviese reflejado previamente en el ordenamiento jurídico para entender que esta serie de derechos de no discriminación constituyen un elemento fundamental e irrenunciable para aquellos y aquellas que defendemos y creemos en una sociedad justa y con igualdad de oportunidades para todos y todas.

Pero cuando hablamos de una educación pública inclusiva y universal, de nada sirve enarbolar estos principios que hemos mencionado en distintas normativas, donde se plantean de modo general, si luego no se lleva a cabo un desarrollo normativo que aterrice estas supuestas intenciones en los concreto, que hable y que establezca con detalle cuales son los recursos materiales y humanos que son necesarios para transformar las buenas intenciones en una realidad, en una escuela pública realmente inclusiva. De lo contrario, todo quedará en palabrería y “marketing político”.

Desde USTEA, como organización sindical que siempre ha defendido una educación pública inclusiva y de calidad, que no discrimine a nadie por ninguna razón, venimos denunciando una situación de deterioro de la atención al alumnado NEAE y de los recursos referentes a la atención a la diversidad en general. Los recortes en educación que sufrimos los últimos años aún no han sido revertidos, pero no solo eso sino que, a día de hoy, innumerables centros padecen una cruda realidad de infradotación en personal especializado para atender a este alumnado al que venimos haciendo referencia. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que el sistema educativo andaluz tiene un déficit y unas carencias estructurales en este ámbito, lo cual no es extraño si comprobamos como las partidas presupuestarias ejecutadas para la “educación especial” han crecido en menor proporción que el número de alumnado NEAE a que se debe atender con estos recursos económicos, tal y como se asegura en el “Informe de Fiscalización del Programa Presupuestario” de la propia Cámara de Cuentas de Andalucía. Estamos, por tanto, ante una situación en la que las necesidades crecen más rápido que los recursos, y esto tiene que ser inmediatamente revertido.

Han sido y son reivindicaciones de USTEA la mayor dotación de Personal docente específico, el establecimiento de una ratio que concrete el máximo número de alumnado para las aulas específicas, así como para cada uno de los recursos de atención a la diversidad de los centros, el reforzamiento de los departamentos de orientación, ratio para el aula ATAL, etc. En este sentido, creemos que los elementos que se introducen con esta proposición de ley, que pasaría a modificar la ya obsoleta Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la educación, vienen a reforzar y contemplan gran parte de las reivindicaciones que desde nuestra organización venimos planteando. Además, se abre de esta manera la puerta a un desarrollo normativo de esta ley que venga a corregir las deficiencias en normativa concreta sobre atención a la diversidad y el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.

Por otro lado, y como organización sindical no podemos olvidarnos de este asunto, estas mejoras normativas también pueden y deben contribuir a una mejora de las condiciones de trabajo del personal que viene desarrollando estas tareas y funciones. En definitiva, creemos que esta proposición de Ley puede suponer un paso muy importante para la consecución de toda una serie de reivindicaciones de muchos sectores y organizaciones de la comunidad educativa encaminadas a hacer realidad aquello de una educación inclusiva y de calidad para todas y todos. Esperemos que las trabas políticas para conseguir estos objetivos y para la aprobación de un texto que nos ayude en este sentido sean menos que las que se tuvieron que sufrir durante todo el proceso de no la Ley de Bioclimatización recientemente aprobada.