La situación actual del sistema educativo andaluz es de absoluta excepcionalidad. Nos encontramos al inicio de un nuevo curso escolar, marcado por la incertidumbre y el desasosiego que provocan la vuelta a la docencia presencial y la incorporación a las aulas de miles y miles de alumnas y alumnos.

La pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 ha tenido efectos devastadores en la salud pública, pero también en la educación. La adaptación precipitada del sistema educativo a las nuevas condiciones, ha puesto de manifiesto y acrecentado las carencias estructurales que ya presentaba, tanto en infraestructuras, como en recursos materiales y dotación de personal.

En estas condiciones hubiese sido deseable una respuesta unánime de todos los grupos políticos, y particularmente de las administraciones, que tratase de solucionar los grandes retos planteados.

En este contexto creemos que no es oportuna la comparecencia objeto de esta convocatoria. ya que lejos de atajar las necesidades urgentes de la comunidad educativa se supeditan las medidas de seguridad sanitaria y la protección de los derechos del profesorado, del alumnado y sus familias a la disponibilidad presupuestaria. 

El amplio consenso existente en torno a la necesidad de un pacto social por la educación, que otorgue estabilidad a nuestro sistema educativo y asegure una educación pública de calidad, debe ir más allá de un equilibrio entre posiciones ideológicas diferentes, no es un juego de contrapesos ni un intercambio de cromos. Dicho pacto debe sustentarse en el acuerdo sobre algunas cuestiones cruciales, entre ellas la financiación. Y es aquí donde nos encontramos el primero de los escollos, la enseñanza pública viene soportando un abandono secular en cuanto a la inversión, ya sea en el capítulo de personal, de infraestructuras, de formación y actualización, etc. No hay más que revisar la documentación oficial al respecto para comprobar la infradotación del sistema educativo, que no resiste una mínima comparación con los países de nuestro entorno y está muy lejos de cifras aceptables para nuestra sociedad. Por ejemplo:

1. El porcentaje del PIB que dedica de media el estado español a educación está en niveles similares al año 2000, en torno al 4,3%, muy por debajo del periodo entre 2007 y 2011, cuando se rozó el 5%. Estamos, por tanto, muy lejos del 7% que se considera óptimo. Para alcanzarlo tendría que aumentar su inversión actual en un 66%. 
2. Los fondos para la escuela privada sostenida con fondos públicos sí están mejor hoy que hace diez años, tanto en términos absolutos como relativos.
3. Se han suprimido unidades (alrededor de 2000 aulas públicas en la última década) a base de permitir la superación de la ratio máxima establecida legalmente. Calculamos que una de cada dos supresiones se podrían haber evitado con ratios ajustadas a la legalidad.
4. Según el INE y el propio Ministerio de Educación, Andalucía no es la comunidad que más enseñanza concertada tiene, pero lidera el aumento en este sector en la última década (con 547 centros educativos concertados más).
5. En suma, la inversión en educación en Andalucía no aumenta en la manera en la que debería para siquiera aproximarse a la media de otras regiones de este país y, por supuesto, de las europeas. En su informe, el Ministerio de Educación sigue situando a Andalucía a la cola de las CCAA en cuanto a la inversión por alumno (casi la mitad que Euskadi).
6. Por último, señalar que la situación de los edificios educativos públicos es calamitosa, una circunstancia agravada por la falta de mantenimiento en los últimos años, lo que nos ha conducido a que un porcentaje muy elevado de las infraestructuras educativas públicas actuales en Andalucía no cumplirían con la  normativa de edificabilidad vigente.

Otro de los ejes fundamentales que deben sostener el pacto es una lección que deberíamos tener aprendida tras la pandemia y todas sus consecuencias: necesitamos servicios públicos fuertes y de calidad. La atención a los derechos fundamentales de las personas tiene que quedar fuera de cualquier mercadeo posible. El respeto a estos derechos y también a los contenidos en la Convención General de la ONU sobre los derechos de la infancia, implica ofrecer una educación de calidad, libre de prejuicios dogmáticos, que no admite mutilaciones sobre determinadas materias del conocimiento o de la experiencia humana y que incluye entre sus objetivos la coeducación, la tolerancia, la resolución pacífica de los conflictos y la sostenibilidad del planeta.

La Enseñanza Pública  es  la única que asegura  el  derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y convivencia democrática de personas con distintas procedencias socio-culturales,  sin ningún tipo de discriminación de origen social o cultural, por razones de creencias o cualesquiera otras características de índole personal. 

Una más de las cuestiones que es necesario y urgente abordar, preferiblemente con el mayor de los acuerdos también, es el grave problema del fracaso escolar, que priva a una cuarta parte de nuestro alumnado de la formación necesaria y suficiente para desenvolverse en sociedad con la dignidad que todas y todos merecemos y lo aboca con toda probabilidad al absentismo. Un problema éste del fracaso escolar, cuyas causas solemos hacer recaer en las niñas y los niños, en las y los jóvenes, cuando son generalmente sus víctimas, un fracaso que en realidad es del propio sistema educativo, que no ofrece los recursos necesarios ni la motivación suficiente para atender la diversidad de las aulas. Sería necesario por tanto realizar ajustes curriculares (tanto en objetivos y contenidos como en la propia metodología o la evaluación), probar otras soluciones organizativas en las etapas educativas, incrementar notablemente el esfuerzo en educación inclusiva y atención a la diversidad, así como fomentar la participación del alumnado en la construcción de su itinerario formativo.

Tampoco podemos olvidar en ese pacto social por la educación al profesorado, que necesita del reconocimiento y el prestigio social inherentes a la labor que desarrolla, más allá de meras disposiciones normativas, necesarias pero insuficientes para otorgar a las trabajadoras y los trabajadores de la enseñanza de la autoridad que confiere la excelencia en la formación y unas óptimas condiciones para el desarrollo del trabajo docente. Los planes de formación inicial son muy importantes, pero lo son aún más la estabilidad de las plantillas docentes, la autonomía pedagógica y la formación permanente. 

En definitiva, son muchas las cuestiones sobre las que ponerse de acuerdo para lograr el pacto social objeto de este grupo de trabajo. No compartimos la idea, expresada a menudo por algunas de las personas con las más altas responsabilidades en materia educativa, de una educación de la que hay que sacar la ideología. Nos preguntamos cómo es eso posible, todas las personas tienen su ideología y no pueden actuar al margen de ella. La ideología está explícita o implícita en cualquier diagnóstico o análisis de la realidad y en cualquier práctica educativa, con mayor o menor grado de desarrollo. Y una de las misiones de la escuela pública es incorporar al curriculum escolar la sociedad real y las relaciones de todo tipo que se establecen en ella, velar por el pluralismo ideológico, por el estudio y difusión de los diversos referentes intelectuales, filosóficos y políticos.

Pero ante todo queremos mostrar en este acto y ante la urgencia de la situación, nuestro más enérgico rechazo al desprecio mostrado hacia la enseñanza pública en Andalucía, poniendo en serio riesgo sanitario al profesorado, al alumnado y sus familias, con un plan de contingencia para la reincorporación a las aulas y la actividad docente presencial, que desoye el grito de auxilio de la comunidad educativa y añade serias dudas sobre la verdadera voluntad de alcanzar acuerdos.

POR UNA VUELTA SEGURA A LAS AULAS

POR UNA BAJADA DE LA RATIO

POR EL AUMENTO DE LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN Y DE LAS PLANTILLAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

Andalucía, 1 de septiembre de 2020