La historia se repite un año más y alumnado y profesorado de cientos de aulas andaluzas sufren un exceso de calor en sus centros educativos, a pesar de lo estipulado en la legislación en materia de prevención de riesgos laborales y de la llamada Ley de Bioclimatización.

La legislación en materia preventiva no puede ser más clara: “la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre los 17 y 27 ºC”. A pesar de ello, un años más cientos de centros educativos de nuestra comunidad afrontan los meses lectivos más calurosos del curso escolar sin que se hayan tomado medidas para el cumplimiento de los estipulado en el RD 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. No es comprensible ni aceptable que, 24 años después de que se aprobase esta legislación, tengamos que seguir exigiendo actuaciones a la administración educativa para su efectivo cumplimiento. 

Además de lo anterior, el pasado mes de julio de 2020 se publicó en BOJA la Ley para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables, fruto de una larga lucha de la comunidad educativa en su insistencia por imponer una solución al dramático déficit en materia de infraestructuras y sus consecuencias sobre las condiciones ambientales de las aulas y el medio ambiente.

En esta última ley se establece claramente que la finalidad de la misma es la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos en consonancia con el cumplimiento de la legislación laboral, estableciendo un calendario de implantación, con un plazo de 18 meses para la realización de auditorías energéticas de los centros que se consideren “prioritarios”. Más allá de la propaganda institucional sobre actuaciones en los centros que la Consejería ha publicado, no tenemos ninguna información precisa ni detallada sobre todo este proceso, ni el estado de las auditorías, ni cuáles son los llamados “centros prioritarios”. 

La realidad con la que a día de hoy nos encontramos es el reflejo de decenas de años de incumplimientos, ausencia de inversiones y dejadez política que traen como consecuencia el deterioro de las condiciones de trabajo en los que tienen lugar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas de nuestra comunidad. Por si todo esto fuese poco, este año, al igual que sucedió en los meses de más frío, la situación se agrava ante la necesidad de mantener las ventanas abiertas para garantizar la ventilación de los espacios en prevención de la propagación del Covid-19, extendiendo la problemática incluso a los escasos centros que sí tenían algún sistema de climatización. Meses después volvemos a asistir a la falta de previsión y nula anticipación por parte de la administración ante un problema que era fácil de vislumbrar. 

La larga lucha de la comunidad educativa andaluza por conseguir unas condiciones ambientales dignas en los centros docentes no es una cuestión menor. En efecto, los estudios científicos nos muestran cómo el aumento del calor tiene efectos negativos en el rendimiento escolar y profesional, provocando una mayor distracción y reduciendo la capacidad de atención, lo que acarrea una caída del rendimiento escolar que comienza a ser apreciado a partir de los 21ºC. Durante los meses de más calor en Andalucía la temperatura en el interior de las aulas supera holgadamente los 30ºC, por lo que es urgente que la administración educativa actúe para corregir esta situación y cumpla escrupulosamente la legislación ya que, de lo contrario, estará incurriendo en un perjuicio para la salud laboral de sus trabajadores y trabajadoras así como del alumnado y resto de profesionales sometidos a estas condiciones de trabajo. 

Por todo ello, USTEA exige el cumplimiento de la legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales, un plan de Bioclimatización ambicioso, adecuado, justo y urgente, junto a los recursos económicos suficientes, que dé cumplimiento a la Ley para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables, así como la máxima transparencia en cuanto a las actuaciones desarrolladas y por desarrollar en la implantación de dicha norma. Es el momento de exigir unas condiciones de trabajo dignas y seguras que garanticen la salud de docentes y alumnado y permitan que los procesos de enseñanza y aprendizaje se desarrollen en las mejores condiciones. Por ello, en tanto que el exceso de calor puede afectar a la salud del trabajador y que el límite legal es 27ºC, animamos a los y las docentes a ponerse en contacto con USTEA y denunciar esta situación.

Descarga la imagen para el tablón sindical de tu centro