En esta convocatoria nos hemos encontrado, para no variar, con varios desaguisados mayúsculos.

El primero, que no el único, fue la anulación y repetición de la prueba práctica de Pedagogía Terapeútica, lo que supuso, además del perjuicio evidente para opositores y opositoras, una sobrecarga de trabajo para los miembros de los tribunales. (https://pruebas-educacion.ustea.org/la-prueba-practica-de-pt-o-como-despreciar-el-trabajo-docente/). 

Pero igualmente se produjeron incidencias importantes en los tribunales de la especialidad de Primaria. Numerosos opositores y opositoras de dicha especialidad han denunciado falta de homogeneidad de criterios en la corrección de las programaciones educativas. En unas instrucciones, enviadas por email a los tribunales, se habla específicamente de penalización con -10 puntos en las programaciones de 5º y 6º de Primaria si no se incluyen algunas materias. Algunos tribunales  han considerado dichas instrucciones y otros no las han tenido en cuenta, lo que supone conculcar el principio de igualdad que debe regir en toda oposición. Pero, además, los opositores y opositoras argumentan que la relación de las materias que se hace, en dicha Instrucción de la Comisión de Selección de Primaria, no es exhaustiva: Se cita explícitamente “Ciudadanía” y “Cultura digital”, pero no “Valores sociales y cívicos”. Las reclamaciones han sido numerosas y nos podemos encontrar ante un escenario de impugnaciones del procedimiento y su consecuente judicialización. Un escenario kafkiano y tortuoso que puede alargarse en el tiempo hasta su resolución. Creemos que este escenario hubiera sido mejor evitarlo, simplemente alargando el plazo para la publicación de las notas en esta especialidad y unificando los criterios de corrección una vez hecha la constatación de que han podido ser diversos.

Por último, la otra grave incidencia se produjo el día que se publicaron las baremaciones de los méritos, que en un primer momento se publican sólo en los tablones de anuncios de las Delegaciones Territoriales por orden alfabético, evitando hacerlo por tribunales, generando grandes colas y aglomeraciones de personas opositoras. Aunque luego se publican en la web de la Consejería, sólo se hace mediante la fórmula de consulta privada. Privacidad y transparencia son los dos términos antitéticos que aquí se conjugan, pero por encima de ellos estaría el trato intolerable a unos docentes, que lejos de aliviarles el estrés que supone participar en un proceso selectivo, se les acentúa con un continuado maltrato psicológico. 

Todas estas incidencias no pueden volver a repetirse: Exigimos a la Administración Educativa una mejor planificación, coordinación de las actuaciones y, sobre todo, un trato exquisito a todas las personas que participan en el procedimiento, tanto opositoras como miembros de los tribunales, a los que se ha sometido a maratonianas sesiones y a verdaderas situaciones de tortura psicológica.

En cuanto al procedimiento en sí, la Consejería de Educación ha vuelto a evidenciar las carencias que USTEA denuncia públicamente año tras año:

-No existe ningún mecanismo de revisión de las pruebas evaluadas, de forma que se otorga a los tribunales la plena potestad para corregir a discreción.

-No se contemplan los gastos de desplazamiento y alojamiento derivados de la participación en las pruebas. Ni tan siquiera en el caso de repetición de pruebas, como ha ocurrido este año en la especialidad de PT.

–Agotadoras jornadas de trabajo para las personas que forman parte de los tribunales: prima el criterio económico por encima del más elemental de los criterios pedagógicos.

-Al profesorado interino no se le permite ni el más mínimo margen en el tiempo imprescindible para llegar a la realización de las pruebas.

–El plazo para la presentación de la programación, tras la publicación de las calificaciones, es del todo insuficiente.

-Los criterios de corrección que se publican y dan a conocer no son los únicos, ya que los tribunales disponen de una serie de criterios no públicos que orientan la valoración de las pruebas.

  A todo ello, y aun comprendiendo las dificultades propias de unos procedimientos en los que participan más de 30.000 personas, hay que sumar numerosos errores e incidencias:

• Anulación y repetición de la prueba práctica de la especialidad de PT. Pedimos a la Consejería que se haga cargo de los gastos ocasionados a los miles de personas afectadas por la deficiente confección de dicha prueba.

Desde USTEA solicitamos para las siguientes convocatorias:

• Sistema de acceso diferenciado, justo, transparente, coherente con la actividad docente y que garantice la estabilidad del profesorado interino.
• Oferta que tenga en cuenta las necesidades reales del sistema y no conceptos impuestos y artificiales como la tasa de reposición. Con criterios claros para la distribución de plazas y que consideren las plazas perdidas en cursos anteriores.
• Convocatoria con el tiempo suficiente para que el procedimiento se desarrolle con total equidad, profesionalidad y objetividad.
• Exención del pago de tasas a quienes acrediten situación de desempleo.
• Criterios racionales en el tiempo de desarrollo de cada prueba, con algún descanso, de modo que el agotamiento no influya de un modo excesivo en el resultado final.
• Plazos más amplios para la presentación de la documentación y material exigido por el procedimiento.
• Mecanismos de revisión de las pruebas realizadas.
• Criterios de corrección y puntuación objetivos, transparentes y públicos en todos los tribunales.
• Publicidad de absolutamente todos los criterios de valoración que van a orientar la actividad evaluadora de los tribunales.
• Elaboración de las diferentes pruebas con las máximas garantías técnicas y jurídicas, de forma que no dependan exclusivamente del presidente o presidenta de la comisión de selección.
• Mejora en el procedimiento de selección de presidentes y presidentas de las comisiones de selección, que actualmente se realiza por designación directa de la Dirección General de Recursos Humanos.

Andalucía, 19 de julio de 2019